¿Qué Pasará con los Desahucios en 2024? Advertencia del Tribunal Constitucional

¿Qué pasará con los desahucios en 2024? Descubre la advertencia del Tribunal Constitucional y cómo podría afectar a inquilinos y propietarios vulnerables.

El magistrado del Tribunal Constitucional, Ricardo Enríquez, ha lanzado una advertencia sobre la prórroga del decreto que impide los desahucios, destacando que esta medida podría estar afectando el derecho a la propiedad. La preocupación radica en que la extensión de este decreto, que se implementó inicialmente durante la pandemia de COVID-19 para proteger a los inquilinos vulnerables, podría ser inconstitucional. 

Detalles del Decreto y sus Implicaciones

El decreto surgió como una medida de emergencia para evitar el   desahucio   de personas en situación de vulnerabilidad, como aquellos que habían perdido sus empleos o estaban atravesando dificultades económicas. No obstante, el magistrado ha cuestionado si esta medida sigue siendo necesaria, considerando que la situación ha cambiado desde el inicio de la pandemia.

Principales Puntos de la Advertencia

1.   Lesión al Derecho de Propiedad: Se argumenta que la prórroga prolongada del decreto afecta de manera negativa el derecho constitucional a la propiedad privada, perjudicando a los propietarios de viviendas que no pueden recuperar sus inmuebles.  

2.   Cuestionamiento de la Necesidad  : La extensión del decreto es cuestionada, ya que fue pensada como una respuesta temporal a una emergencia. ¿Es realmente necesario seguir limitando los   desahucios   en 2024?  

3.   Equilibrio entre Derechos  : La advertencia enfatiza la importancia de encontrar un equilibrio entre proteger a los   inquilinos vulnerables   y respetar los derechos de los propietarios.

Posibles Implicaciones Legales y Sociales

La advertencia del magistrado podría desencadenar consecuencias importantes tanto en el ámbito jurídico como en el social. Existe la posibilidad de que el decreto sea sometido a una revisión constitucional para determinar si sigue siendo acorde con la ley. Además, esto podría abrir un debate sobre las   políticas de vivienda   y la protección de los derechos de inquilinos y propietarios.

La situación genera incertidumbre tanto para   propietarios   como para   inquilinos  , ya que una posible modificación del decreto afectaría directamente a ambas partes. Por ejemplo, si un inquilino recibe una   carta de desahucio  , es importante que conozca sus derechos y las opciones legales disponibles.

 ¿Qué Pasará con los Desahucios en 2024?

El futuro de los   desahucios en 2024   sigue siendo incierto. Aunque la advertencia del Tribunal Constitucional no representa una decisión final, sí plantea interrogantes que podrían influir en las decisiones políticas y legales relacionadas con los   desahucios en España  .

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Límites del acceso de la policía a los datos contenidos en un teléfono móvil.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el caso C-548/21 [ECLI:EU:C:2024:830] aborda una cuestión crucial sobre el acceso de la policía a los datos personales almacenados en un teléfono móvil en el contexto de una investigación penal. Esta sentencia plantea un balance delicado entre las facultades investigativas y la protección de los derechos fundamentales, incluso cuando el delito investigado no es considerado grave.

Impacto en los derechos fundamentales

El acceso de la policía a los datos personales contenidos en un teléfono móvil puede representar una injerencia significativa en los derechos fundamentales del individuo. Los dispositivos móviles almacenan una cantidad considerable de información sensible, como mensajes privados, fotografías, historial de navegación y otros datos íntimos que pueden revelar aspectos profundos de la vida privada. Por esta razón, cualquier acceso policial a estos datos requiere un escrutinio cuidadoso para evitar violaciones indebidas a los derechos a la privacidad y a la protección de datos.

No limitado a delitos graves

Uno de los puntos clave que subraya el TJUE es que el acceso de la policía a los datos personales no debe restringirse exclusivamente a la investigación de delitos graves. Aunque la gravedad del delito es un criterio importante para evaluar la proporcionalidad de la medida, la sentencia destaca que es necesario que las autoridades tengan la capacidad de acceder a los datos en investigaciones de menor gravedad. Esto busca garantizar que no haya impunidad en casos que, aunque no sean delitos graves, requieren de una investigación efectiva dentro del espacio de seguridad y justicia de la Unión Europea.

Principio de proporcionalidad y garantías

Para que el acceso de la policía a los datos personales sea compatible con el derecho europeo, deben cumplirse ciertos requisitos esenciales. Entre ellos, se destacan los siguientes:

• Base legal clara: El acceso debe estar claramente previsto por la ley nacional, que debe definir con precisión las infracciones que justifican dicho acceso.
• Autorización independiente previa: Como medida de garantía, cualquier acceso debe ser autorizado previamente por una autoridad judicial o administrativa independiente. Solo en situaciones excepcionales y urgentes, debidamente justificadas, podría omitirse este paso.
• Notificación al afectado: Una vez que la investigación lo permita, el interesado debe ser informado sobre el acceso a sus datos, de manera que se respeten los principios de transparencia y derecho a la defensa.

Acceso y tentativas fallidas

Un aspecto interesante de la sentencia es que se aplica tanto al acceso de la policía a los datos personales como a los intentos fallidos de obtenerlos. Esto incluye casos en los que las autoridades intentan desbloquear un teléfono sin éxito y sin la autorización adecuada, lo cual fue precisamente el escenario en el caso discutido.

Conclusión

Esta sentencia del TJUE es un recordatorio de que el acceso de la policía a los datos personales debe estar estrictamente regulado y controlado para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Aunque no es necesario que el delito investigado sea grave, el acceso a los datos de un móvil debe cumplir con los principios de legalidad, proporcionalidad y estar sujeto a una supervisión adecuada. Solo de este modo se puede equilibrar la necesidad de investigar eficazmente con la protección de la privacidad y los derechos fundamentales.

Aplicación en el contexto español

En España, el acceso de la policía a los datos personales de un dispositivo móvil también está regulado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que requiere una autorización judicial previa. La interpretación del TJUE en esta sentencia aporta criterios valiosos que los legisladores y jueces españoles pueden utilizar para asegurarse de que las investigaciones respeten los derechos fundamentales, independientemente de la gravedad del delito investigado.

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Sobre los procesos de estabilización de Empleo Público.

 

El Tribunal Supremo (Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 2024) ha decidido reducir la valoración excesiva de los servicios previos en los procesos de estabilización de empleo público. Esto implica que:

La experiencia previa de los candidatos no tendrá tanto peso como antes en estos procesos de selección.

La reducción de la valoración de los servicios previos nivelará el campo de juego para los nuevos aspirantes que no tienen tanta experiencia previa en el sector público.

Permitirá que más personas sin experiencia previa en el sector público compitan en igualdad de condiciones lo que enriquecerá la administración pública con nuevas perspectivas y habilidades

Al reducir el peso de la experiencia previa, se puede dar más importancia a las competencias y habilidades actuales de los candidatos, promoviendo una selección basada en el mérito

Esta medida ayudará a reducir prácticas de favoritismo y nepotismo, asegurando que las posiciones se otorguen a los candidatos más capacitados.

En contra, tenemos que:

Los empleados temporales que han acumulado años de experiencia pueden sentirse desmotivados y preocupados por su estabilidad laboral al ver que su experiencia previa tiene menos valor.

La reducción en la valoración de la experiencia previa podría llevar a la pérdida de personal experimentado que busca estabilidad en otros sectores, lo que se conoce como "fuga de talento".

Los nuevos empleados sin experiencia previa en el sector público pueden necesitar más tiempo para adaptarse y ser plenamente efectivos, lo que podría afectar temporalmente la calidad del servicio.

La administración pública podría incurrir en mayores costos de capacitación para preparar a los nuevos empleados que no tienen experiencia previa.

Concluyendo: La sentencia del Tribunal Supremo sobre la reducción de la valoración de los servicios previos en los procesos de estabilización de empleo público tiene implicaciones significativas tanto positivas como negativas. Desde el punto de vista del derecho administrativo español, esta medida busca promover la igualdad de oportunidades y la transparencia en los procesos de selección, aunque también plantea desafíos en términos de motivación del personal actual y la calidad del servicio.

¿Qué opinan los sindicatos y las asociaciones de empleados públicos?

 

Las opiniones van desde la preocupación y al apoyo.

 

La Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (ANSITI):valora positivamente la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) relacionada, que influye en la postura del Tribunal Supremo. Consideran que es un avance significativo hacia la justicia y la estabilidad laboral de los empleados públicos interinos.

 

Sindicatos de Empleados Públicos han expresado su preocupación por la desmotivación y la incertidumbre laboral que esta sentencia podría generar entre los empleados temporales con años de experiencia. Temen que la reducción en la valoración de la experiencia previa pueda llevar a la pérdida de personal experimentado, lo que afectaría la calidad del servicio público

 

Algunos Abogados de Trabajadores Interinos y Temporales han criticado la medida, argumentando que no cumple con los requisitos de la Directiva 1999/70/CE y que podría llevar a una mayor precariedad laboral.

En resumen, mientras que algunos ven la sentencia como un paso hacia una mayor equidad y transparencia, otros están preocupados por sus posibles efectos negativos en la estabilidad laboral y la calidad del servicio público.

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Sentencia de divorcio ¿Cómo se inscribe en el registro civil?

 

En España, la inscripción de una sentencia de divorcio en el Registro Civil se realiza de la siguiente manera:

La inscripción de la sentencia de divorcio en el Registro Civil se realiza de oficio, sin que los cónyuges tengan que hacer ningún trámite al respecto. El Letrado de la Administración de Justicia (anteriormente llamado Secretario Judicial) es el encargado de comunicar la sentencia al Registro Civil correspondiente una vez que esta sea firme.

¿Qué quiere decir que la sentencia sea firme? 

Una sentencia firme es una resolución judicial que adquiere carácter de inmutable y tiene las siguientes características:

1. No admite más recursos: Ya no se pueden presentar apelaciones o recursos ordinarios contra ella.
2. Produce efecto de cosa juzgada: Lo resuelto en la sentencia se vuelve inalterable y no puede ser cuestionado en un nuevo juicio.
3. Es concluyente: Resuelve el asunto de forma final, sin posibilidad de modificación a través de recursos ordinarios.

La sentencia firme es aquella contra la que ya no cabe recurso alguno, sea porque se han agotado todos los recursos posibles o porque ha transcurrido el plazo para recurrir sin que se haya hecho.

La sentencia de divorcio se inscribe en el mismo Registro Civil donde consta inscrito el matrimonio. También se comunicará al Registro Civil donde conste el nacimiento de los hijos menores, si los hubiera. Si no los hubiera puede ud. divorciarse ante Notario.

Este procedimiento está establecido en el artículo 755 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que obliga a comunicar de oficio las sentencias de divorcio (entre otras) a los Registros Civiles para la práctica de los asientos correspondientes. El artículo 755 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que: "

El letrado de la Administración de Justicia acordará que las sentencias y demás resoluciones dictadas en los procedimientos a que se refiere este Título se comuniquen de oficio a los Registros Civiles para la práctica de los asientos que correspondan.

A petición de parte, se comunicarán también al Registro de la Propiedad, al Registro Mercantil, al Registro de Bienes Muebles o a cualquier otro Registro público a los efectos que en cada caso correspondan. En el caso de medidas de apoyo, la comunicación se hará únicamente a petición de la persona en favor de la cual el apoyo se ha constituido.

La sentencia de divorcio debe contener la expresión de firmeza y, si procede de un país extranjero, estar debidamente traducida al español.

La inscripción en el Registro Civil hace que el divorcio sea público y oponible frente a terceros de buena fe. 

Sin embargo, es importante destacar que los cónyuges están divorciados desde el momento en que se dicta la sentencia y esta deviene firme, independientemente de su inscripción. Esto quiere decir que, el divorcio es legalmente efectivo entre los cónyuges desde que la sentencia es firme, pero la inscripción es necesaria para que tenga plenos efectos frente a terceros y para facilitar trámites administrativos posteriores.

Si fuera necesario por razones jurídicas, la sentencia de divorcio también puede inscribirse en otros registros públicos (como el Registro de la Propiedad), pero en este caso, la inscripción se realizará a petición de una de las partes, no de oficio.

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